miércoles, 19 de octubre de 2011

Policía que robaría 900 mil dólares a deportado dominicano intimidaba al testigo.

Autor: Miguel Cruz Tejada/Elnuevodiario.com

NUEVA YORK._ Shawn Jenkins, un policía afroamericano que planeó robar $900 mil dólares de un apartamento en el Alto Manhattan, donde un narcotraficante dominicano deportado había guardado el dinero, comenzó a intimidar a una mujer, principal testigo del caso antes de la fecha del juicio, por lo que enfrenta cargos adicionales. Shawn de 43 años de edad y veterano de largo tiempo en el Departamento de Policía de Nueva York, fue acusado el pasado miércoles por manipular el testigo que es una mujer residente en la avenida Amsterdam del Alto Manhattan a la que dijo que conoce su familia por muchos años y no podía creer que estuvieran haciendo incriminándolo por el robo.

La testigo que había declarado previamente contra Jenkins ante un Gran Jurado, llamó a la policía porque estaba preocupada por su seguridad y la de sus hijos quienes estaban en la casa en el momento en que el acusado la intimidó.

El policía fue imputado del robo de los $900.000 dólares en mayo del 2009 y en el expediente se le sindica de haber tenido la intención de invadir el apartamento en el que el narco quisqueyano había “clavado” la alta suma producto de la venta de drogas, antes de ser arrestado y repatriado a la República Dominicana.

El inmueble está ubicado en un edificio del vecindario Inwood en el Alto Manhattan, desde donde el deportado operaba también un punto para distribuir cocaína en polvo y Crack, según los investigadores.

Jenkins había planeado falsificar una orden de allanamiento falsa para entrar al apartamento y “tumbar” el dinero que estaba escondido debajo del piso. Además quería usar esposas, armas aturdidoras para inmovilizar al nuevo inquilino que desconocía que el apartamento había sido utilizado como un punto de drogas.

El plan de Jenkins fue abortado antes de que él pudiera llegar al apartamento, refieren documentos de la Corte Federal del Distrito Sur donde se le procesa.

La acusación fue sometida originalmente a la Fiscalía de Distrito en Manhattan y posteriormente enviada a los fiscales federales. El oficial enfrenta así mismo cargos por conspiración y robo. Está suspendido como policía fue liberado luego de su detención con una fianza de $2.500 dólares en efectivo.

Jenkins fue grabado en una cámara de seguridad cuando intentaba acceder al apartamento. Fue enterado de la existencia del dinero sucio por el propio deportado quien le ofreció una fuerte cantidad para que rescatara el botín.

Las autoridades dijeron que el narco dominicano le había informado al policía que guardaba el “clavo” y las drogas bajo un falso piso en el apartamento ubicado en la avenida Broadway en y hasta le envió un mapa para que pudiera ubicar fácilmente el alijo.

Pero el policía necesitaba ayuda para poder entrar al apartamento del dominicano y procuró la ayuda de un cómplice que resultó ser un encubierto al que le dijo que debían usar pistolas eléctricas Taser por si los actuales inquilinos del inmueble se resistían.

También trató de conseguir la ayuda de un soplón del Departamento de Robos de la policía para que hiciera una declaración personal de servicios y se hiciera pasar como un “oficial” de citación, estrategia que se aplicaría a la operación ilegal.

El policía arrestado estaba muy lejos de que oficiales de inmigración y de Asuntos Internos habían instalado las cámaras en el apartamento donde estaba el dinero y las drogas. Jenkins llamó a su “cómplice” y le dijo que el robo estaba fechado para ese día en la noche.

Lo atraparon con las manos en la masa y fue instruido de cargos criminales ante el juez federal Douglas Eaton.

Las autoridades recordaron que en el 2002, el sucio policía estuvo a punto de ser cancelado de las filas después que se declaró culpable de negligencia al no poder retener un preso por lo que se le disciplinó por un año.

Posteriormente fue reintegrado al servicio manteniéndose fuera de problemas por lo que conservó su puesto de trabajo. Fue detenido en el cuartel 23 desde donde se le trasladó al 26 y de allí a la Corte Federal donde se declaró “no culpable” por lo que está a la espera del comienzo de un juicio.

De ser hallado culpable por un jurado, podría ser condenado a más de 25 años en la cárcel.

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