Por GERARDO REYES
"El problema es que en República Dominicana no hemos visto casos contra nadie. Con los países que lidiamos les decimos que es bueno que no sólo arresten a los traficantes sino a los funcionarios cómplices. En República Dominicana no hemos visto el primero, ahí es donde está la frustración’’, dijo CdeBaca.
El funcionario explicó que desde que viajó a Santo Domingo el verano pasado expresamente para enterarse de la grave situación del tráfico y la explotación de niños, no ha detectado mayores avances.
"Realmente no hemos visto un gran cambio. Si nada ocurre y el problema continúa, no sólo podríamos degradar al país en el ranking del reporte [del Departamento de Estado sobre tráfico humano] sino también podríamos recomendar al Presidente lo concerniente a la sanciones’’, advirtió CdeBaca.
De ser descertificado, el gobierno de Dominicana podría afrontar la suspensión de ayuda económica y militar; el bloqueo de algunas exportaciones a Estados Unidos y la oposición a sus votaciones en organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, explicó el funcionario.
Según CdeBaca, República Dominicana tiene plazo hasta junio de este año para implementar las recomendaciones del Departamento de Estado de perseguir y castigar a los traficantes de niños así como a los funcionarios que faciliten el contrabando de los menores desde Haití.
Las recomendaciones fueron consignadas en el reporte Tráfico de Personas 2010 que clasificó a la República Dominicana en el nivel tres, el más bajo de todos. Junto a Cuba, son los únicos países del hemisferio occidental que cayeron en esa categoría por ser a la vez "fuente, tránsito y destino de hombres, mujeres y niños sujetos a tráfico, especialmente a prostitución forzada y trabajo forzado’’, afirma el reporte.
"Ustedes han visto [la situación]’’, dijo el funcionario a este reportero al referirse a una serie de artículos de El Nuevo Herald y The Miami Herald sobre el tráfico de niños haitianos con la complicidad de autoridades dominicanas.
La serie, publicada en octubre y noviembre, mostró cómo muchos de los niños son forzados a pedir limosna en las calles de ciudades dominicanas o se prostituyen en Bocachica, un balneario internacional al sur del país. Algunas de las niñas tienen relaciones sexuales con los contrabandistas para pagar la travesía.
En respuesta al pronunciamiento de Cdebaca, la presidencia de República Dominicana envió a El Nuevo Herald una declaración en la que reseña los esfuerzos para impedir el tráfico y la explotación de niños en materia de interdicción y educación.
La declaración cita dos casos en los que autoridades de ese país arrestaron a contrabandistas.
La operación más reciente se llevó a cabo el pasado 13 de enero del 2011 cuando oficiales de la Dirección de Inteligencia del Ejercito, G-2, interceptaron dos vehículos sin placas que transportaban 56 indocumentados (41 hombres, 12 mujeres y tres niños). Los oficiales detuvieron a Julio César Peña Regalado y a Brito Santiago Fernando, ‘‘reconocidos traficantes de personas en la zona’’ afirma la declaración.
"Todos los casos sobre trata de personas han sido sometidos a la Justicia, ninguno de estos casos ha quedado impune y todos los involucrados han recibido el castigo de las leyes vigentes y que se aplican en República Dominicana’’, agrega el comunicado.
Organizaciones no gubernamentales que operan en la zona fronteriza al norte de ambos países, sostienen que el tráfico de niños aumentó a raíz del terremoto que devastó a Puerto Príncipe hace un año.
Pese a que se cuentan por centenares los niños que cruzan la frontera ilegalmente, hasta noviembre del año pasado no había una sola persona procesada por tráfico de menores, según los comprobaron los periodistas.
Es un fenómeno que el Departamento de Estado también conoce.
"La corrupción es una parte grande del problema de esclavitud moderna así como de contrabando’’, opinó Cdebaca.
El funcionario señaló que el gobierno de Dominicana, pese que aprobó hace siete años una ley contra el tráfico, no la ha implementado.
"Haití necesita leyes y Dominicana las tiene, pero no las usa’’, se quejó CdeBaca.
De acuerdo con el reporte de Departamento de Estado que cubrió el período de abril de 2009 a abril de 2010, "el gobierno no ha hecho ningún progreso discernible en la persecución y castigo de los traficantes durante el período analizado’’
CdeBaca sostuvo que el gobierno necesita avanzar no sólo en el enjuiciamiento de los contrabandistas y sus cómplices sino en la protección de las víctimas.
La presidencia dominicana señaló en su respuesta que existe un protocolo que se sigue estrictamente "para garantizar que no se produzcan acciones que violenten la integridad de los menores haitianos y que se garantice un trato digno''.
Dominicana es el país de América Latina que más preocupa al Departamento de Estado en materia de trata y tráfico de humanos, agregó el funcionario.
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