Que un grupo de asesinos a sueldo mataran de 11 balazos a su hijo no era para Mercedes Martínez tan extraordinario, tan conmovedor, tan irreparable, pero que le sacaran las cejas con una cuchilla, le machacaran los testículos, le cortaran el pene y le infirieran otras horribles torturas, era para ella algo tan impresionantemente terrible que aunque veía el cadáver no podía creerlo.
A Jean Carlos, alias Totoy, de 27 años, lo secuestraron el lunes en el parquecito de la avenida México y Juan Bautista Vicini, frente al club San Carlos. Eran las 11:00 de la noche cuando varios hombres lo encañonaron y se lo llevaron en un carro Toyota, color dorado, relató la madre. El cuerpo casi irreconocible fue hallado al día siguiente en unos matorrales de la avenida España.
El barrio aún no se recobra del terror y la conmoción.
La víctima era un conocido vendedor de cocaína fraccionada y su familia afirma que lo mataron por una deuda que él estaba dispuesto a pagar. “La Policía ni siquiera ha abierto una investigación, pese a que Totoy vivía a media cuadra del cuartel, ni un parte con la noticia de su muerte fue publicado”, dijo Manuel Henríquez, un vecino.
El horroso asesinato de San Carlos y la muerte a tiros la madrugada de ayer de Telésforo Rudecindo, de 42 años, en un colmadón en San Luis, son las dos últimas victimas de los asesinos pagados, que han dejado dolor y luto en más de 300 familias dominicanas en los últimos 24 meses.
Las ejecuciones de los llamados “sicarios”, sobre todo del narcotráfico, es uno de los mayores desafíos para las autoridades en estos momentos, debido a sus connotaciones de crimen organizado y la forma escandalosa en que se producen las ejecuciones, provocando temor y zozobra en la ciudadanía.
“La ambición de obtener su paga hace que los sicarios actúen con saña sin importar que sus víctimas sean niños y hasta mujeres indefensas”, dijo el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, jefe de la Policía, tras señalar que un gran porcentaje de los homicidios se han producido por encargo del narcotráfico y otros sectores.
Los investigadores han apresados a más de 60 presuntos sicarios en los últimos meses, incluyendo los implicados en los grandes casos de Paya y Figueroa Agosto, pero la impunidad en que quedan la mayoría de los crímenes provoca desconcierto en la ciudadanía y parece favorecer que el sicariato tome cada vez mayor fuerza.
Los escenarios y el modo de operar en los asesinatos cometidos por sicarios tienen como característica el uso de armas de grueso calibre y acribillar a sus víctimas, pero ahora se han agregado casos con saña y horribles torturas, como el crimen ocurrido esta semana en San Carlos.
Los resultados en cuanto a la captura de sicarios son bajos, pese a que muchos de los crímenes se cometen en céntricas calles y avenidas de distintas ciudades, mayormente en Santo Domingo y Santiago, y en muchos casos los familiares han identificado a supuestos autores intelectuales y materiales.
La impunidad en las muertes por encargo, la poca confianza en la Policía y en el sistema judicial, son factores que influyen para que el sicariato crezca en el país y que incluso haya reclutado a decenas de policías y militares que han sido acusados y juzgados por crímenes que cometieron por paga.
Capotillo y Villa Duarte
Para el procurador general de la República, Radhamés Jiménez, una de las principales causas de la violencia es el narcotráfico, cuyo brazo armado es el sicariato.
Investigadores de Inteligencia Delictiva de la Policía, revelaron que en Santiago y la Capital existen peligrosas bandas de narcotraficantes que tienen centros de entrenamiento para sicarios, muchos de ellos miembros de bandas de asesinos de Capotillo y Los Pinos de Villa Duarte, y que también contratan a miembros de instituciones armadas.
Hogares enlutados
Entre los muchos crímenes que las autoridades tienen como un hecho ejecutado por el sicariato y que no han sido resueltos, están el atentado contra el abogado de Santiago Jordi Beras, y los asesinatos del oficial de la DNCD, Guillermo Tejada Kranwinkel, los funcionarios de Aduanas José Florentino y Ramón Guerra Florián; el empleado de Aeronáutica Angel Christopher Martínez y el camarógrafo Normando García, en Santiago.
Estos casos tuvieron distintas motivaciones, pero por la complejidad de las mafias que se entretejen entre las Aduanas y los vuelos ilegales, no han sido relacionados con el narcotráfico por las autoridades.
Los grandes asesinatos del caso del fugitivo Jose D. Figueroa Agosto, cometidos por bandas de sicarios organzadas, causaron perturbación en el ánimo público y provocaron cuestionamientos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional, debido a las implicaciones de un coronel policial José A. González, quien fue ejecutado en diciembre pasado, y su relación con otros oficiales que ocupaban importantes posiciones en la DNCD y la Policía.
Por la muerte de González, así como la del empresario Rubén Soto Hayet y dos personas que se encontraban en el lugar del hecho, el comerciante Omar Antigua Polanco y José Gabriel Arias, vinculadas al caso de Figueroa Agosto, fueron acusadas varias personas que guardan priosión en espera de juicio.
Pero la gran mayoría de los asesinatos, ocurridos en casi todo el país, las autoridades policiales no han establecido responsabilidades.
Militares y policías
En muchos casos escandalosos de sicariato han estado involucrados militares y policias, principalmente en Santigo, donde familiares de varios ejecutados han acusados a uniformados de las muertes.
Hace varios meses que un capitán policial, identificado como Antonio Ramírez Polanco fue cancelado y sometido a la justicia, junto a un ex militar, tras ser acusados de ejecutar al raso de la Policía Valdimir Martínez de la Cruz y llevar su cabeza a un grupo de narcotraficantes colombianos que pagaron por su muerte.
Se recuerda que el año pasado el jefe de la Policía Nacional ordenó la destitución y sometimiento a la justicia de 22 miembros del cuartel de Puerto Plata, que alegadamente se dedicaban a la extorsión y matar por encargo de narcotraficantes a a varias personas.
Entre las muertes registradas en los útlimos meses atriuidas a sicarios, se citan la ejecución de alexander vargas García, en San Francisco de Macorís, y la de Francisco Apolinar Reynoso en la misma ciudad.
En Higuey fueron mandados a matar, según la Policía, Franklin Benjamín y Larissa Areché Castillo, y en La Vega fueron asesinados Silverio Rosario, y otros dos jóvenes que fueron encontrados en una yipeta.
Las autoridades informaron que ambos fueron asesinados por varios sicarios del narcotráfico, dos de los cuales murieron en un enfrentamiento con las autoridades dos días después.
Usar la violencia para dirimir conflictos no es novdad en el país, pero hacerlo descargando hasta 20 tiros, más que provocar una muerte, los asesinos buscan dejar un mensaje: “somos asesinos implacables y difíciles de capturar”.
Según registros periodísticos, en los últimos dos años en el país se han producido más de 300 asesinatos al “estilo ejecución” de la mafia o parecidas al modus operandi del sicariato. La mayoría son casos pendientes.
Los arrestos
El sometimiento de unos siete presuntos sicarios vinculados a Figueroa Agosto y otros siete hombres que fueron sometidos a la justicia, acusados de matar a cuatro personas en la autopista Duarte en diciembre pasado y a otras 12 en circunstancias diversas, son los arrestos más numerosos en la historia del sicariato en el país.
Los alegados matones,que esperan juicio de fondo, son Miguel Antonio Alfonseca Soto, Daniel de los Santos Gutiérrez, Deiby Martínez Montás, Rafael Pimentel Beltré, Engel Mañón, Carlos Manuel Zabala y Víctor Manuel Fernández.
Distintos especialistas y abogados crminalistas afirman que, al margen de la frecuencia con que ocurren estos asesinatos, en el país no existe una estructura criminal dedicada al sicariato.
Hay actores del narcotráfico que mandan señales que consideran pertinentes a individuos que están en su ambiente y que pueden violentar las normas de mundo delictivo, pero hay otros muchos casos de muertes por encargo en el mundo empresarial, familiar social y hasta político.
INVESTIGACIONES SOBRE MUERTE DE 50 PERSONAS
Las autoridades arrestaron, además, a Vantroi Serumberto Mota Reynoso y otros miembros de una banda de sicarios a la que se le atribuyen más de 35 ejecuciones en el bajo mundo de las drogas.
Las investigaciones para esclarecer las muertes de unas 50 personas, ocurridas en distintas regiones, continúan en los departamentos correspondientes, informó el general Nelson Roario, vocero de la Policía.
Entre estas muertes se citan las ejecuciones de Alexander Vargas García y Francisco Apolinar Reynoso en San Francisco de Macorís, quienes se cree fueron mandados a matar desde Nueva York, mientras que en Higu¨ey se investigan los asesinatos de Franklin Benjamín y la joven Sanyi Larisa Areché. En La Vega, la muerte de Silverio Rosario y en Baní la de Antonio Ross, cuyo cadáver fue encontrado calcinado.
Dos hombres en una motocicleta mataron en Azua de cuatro balazos a Milciades Cabrera, quien había llegado de EEUU, y en la capital fue lanzado a unos matorrales el cadéver de Mauricio Rodríguez, mientras que en Barahona desconocidos quemaron a Altagracia Romero, supuestamente por una deuda de drogas que tenía un familiar.
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