La iniciativa es del diputado Eugenio Cedeño (PRD-La Romana), quien propone que
los ayuntamientos de cada municipio donde están las playas cobren RD$35 diario a cada extranjero mayor de doce años que se hospede en los hoteles de los polos turísticos y RD$17.50 a cada dominicano bañista o vacacionista, como "contribución" para mantener limpio y en orden el lugar.
Contempla penas de cárcel
Los criollos o extranjeros que entren a un establecimiento turístico sin autorización serían llevados a la cárcel o tendrían que pagar una multa, según ese proyecto.
Aclara que los propietarios de los terrenos contiguos a las costas, playas o riberas así como los complejos turísticos o negocios de cualquier índole instalados o existentes frente a éstas, en ningún caso podrán colocar vallas, cercas, paredes o cualquier tipo de artificio o personal a su cargo, que impida el libre paso o estadía a las personas en el espacio de dominio público.
La iniciativa limitaría el expendio de comidas y bebidas de cualquier género a áreas debidamente designadas, y la instalación de locales para tales fines será autorizada por los ayuntamientos municipales, bajo la regulación de las secretarías de Turismo, Medio Ambiente y Salud Pública.
Cedeño en la Asamblea Revisora fue un crítico de que se incluyera en la Constitución el libre acceso a las playas “sin perjuicio de la propiedad privada”. Sin embargo, mostró una posición contradictoria ya que finalmente votó a favor de este artículo.
Su proyecto de ley tambián contempla que se prohiba en las playas y balnearios el uso de fogatas, y que sólo se permita el uso de “cocinillas o estufas portátiles”, en aquellas áreas previamente designadas por las autoridades.
El proyecto reglamentaría las actividades sociales, prácticas deportivas acuáticas o en el área de playa, y la circulación de botes y artefactos en el agua, a áreas designadas por las autoridades, que podrían incautar los artefactos al “infractor”.
Oleada de críticas
El artículo constitucional que establece el libre acceso a las playas “sin perjuicio de la propiedad privada” ha desatado una oleada de críticas y de reacciones negativas en una mayoría de la población. Este y otras modificaciones a la Carta Magna han puesto entredicho la capacidad de los legisladores, y amenazan con dar al traste con la Reforma Constitucional.
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