NUEVA YORK/Cándida Portugués/edlp — El fiscal general del estado, Andrew M. Cuomo, anunció ayer el cierre de tres compañías que proveían servicios legales fraudulentos a inmigrantes y la demanda, en la corte Suprema de Nueva York, contra otras tres.
Miles pueden haber sido afectados por estas empresas que ofrecían servicios legales no autorizados y sin tener las calificaciones para ello. Entre sus servicios figuraban aconsejarles sobre su estatus migratorio sin tener licencia de abogados, someter peticiones ante el Servicio de Inmigración, que en muchos casos eran incorrectas ya que no tenían la formación necesaria, y no proveyeron contratos de sus servicios a los clientes como estipula la ley.
En conferencia de prensa Cuomo dijo: “Esto es solo el comienzo. Vamos a encontrar a la gente que está proporcionando servicios fraudulentos a los inmigrantes y les vamos a demandar”.
El fiscal calificó estos fraudes de injusticia doble porque afectan a miles de personas que intentan navegar el ya de por si complicado proceso de regularización de su estatus y van a caer en las redes de estas empresas. “Les hacen perder su tiempo y su dinero… y las consecuencias de una mala asesoría legal pueden ser devastadoras”, agregó.
La fiscalía llegó a acuerdos con tres compañías y sus propietarios que nunca más podrán volver a ofrecer ningún servicio relacionado con la inmigración. Además deberán pagar una multa de $180,000 y notificar por escrito a sus clientes pasados y presentes que no proveen ya ningún servicio relacionado con inmigración. Otras tres compañías que no suscribieron el acuerdo, fueron demandadas ayer por la fiscalía.
La fiscalía ha notificado a las víctimas que la persona que presentó su documentación ante el Servicio de Inmigración no estaba autorizada para ello, y podrán volver a presentar sus papeles.
Miles pueden haber sido afectados por estas empresas que ofrecían servicios legales no autorizados y sin tener las calificaciones para ello. Entre sus servicios figuraban aconsejarles sobre su estatus migratorio sin tener licencia de abogados, someter peticiones ante el Servicio de Inmigración, que en muchos casos eran incorrectas ya que no tenían la formación necesaria, y no proveyeron contratos de sus servicios a los clientes como estipula la ley.
En conferencia de prensa Cuomo dijo: “Esto es solo el comienzo. Vamos a encontrar a la gente que está proporcionando servicios fraudulentos a los inmigrantes y les vamos a demandar”.
El fiscal calificó estos fraudes de injusticia doble porque afectan a miles de personas que intentan navegar el ya de por si complicado proceso de regularización de su estatus y van a caer en las redes de estas empresas. “Les hacen perder su tiempo y su dinero… y las consecuencias de una mala asesoría legal pueden ser devastadoras”, agregó.
La fiscalía llegó a acuerdos con tres compañías y sus propietarios que nunca más podrán volver a ofrecer ningún servicio relacionado con la inmigración. Además deberán pagar una multa de $180,000 y notificar por escrito a sus clientes pasados y presentes que no proveen ya ningún servicio relacionado con inmigración. Otras tres compañías que no suscribieron el acuerdo, fueron demandadas ayer por la fiscalía.
La fiscalía ha notificado a las víctimas que la persona que presentó su documentación ante el Servicio de Inmigración no estaba autorizada para ello, y podrán volver a presentar sus papeles.
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