Constituciones municipales y estatales permiten a los ejecutivos de turno echar mano de la medida restrictiva, incluso, cuando la seguridad ciudadana se considera amenazada. Es el caso de Paterson, una de las ciudades más importantes del vecino estado de New Jersey, donde esta semana, el Concejo Municipal revisa una propuesta del alcalde boricua José (Joey) Torres para implementar por dos meses el toque de queda como forma de garantizar la seguridad pública.
La propuesta iba a ser conocida ayer martes pero el Concejo Municipal decidió posponerla sin dar razones para el primero de septiembre.
El argumento principal y en el que los ediles estuvieron contestes es el de los frecuentes tiroteos que en las últimas semanas se han estado produciendo en calles y barrios del poblado, por lo que a partir de la vigencia de la medida, que durará por lo que resta del verano, sus residentes no podrán salir de sus casas después de la medianoche, sino a las 7:00 de la mañana.
También se prohibiría, contrario a Nueva York, el que la gente se congregue en grupos o haga “coros” en calles, esquinas y frente a sus edificios o casa después de la medianoche. Y sólo aquellos que tengan necesidad de viajar pasadas las 12:00 de la noche estarán exentos de la medida coercitiva.
El toque de queda da luz verde también a la policía local para que interrogue a personas que violen la medida estando en la calle en las horas prohibidas, período en el que han transcurrido los tiroteos.
El Alcalde dijo en un memo enviado a los concejales de la ciudad, entre los que se encuentran un dominicano que la aprobación del toque de queda y su ejecución por parte de la policía, demostrará a la ciudad la permanente preocupación de su administración por priorizar la seguridad ciudadana.
Los violadores del toque de queda se enfrentan a multas de hasta US $2,000 y 90 días en la cárcel del condado de Passaic.
La Unión de Libertades Civiles se opone a la medida y anunció que está lista para desafiar en corte la restricción, si es que es aprobada por el concejo, alegando que viola los derechos constitucionales y civiles de la población.
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